En el día de hoy tomamos conocimiento de un informe de la Agencia de Derechos Fundamentales alerta sobre el aumento de la violencia y discriminación hacia lesbianas, gays, bisexuales y trans.
De acuerdo a lo expresado diversos episodios de “incitación al odio”, a los que considera “un fenómeno especialmente inquietante dado que ejerce un efecto negativo sobre la opinión pública y da pábulo a la intolerancia”.
Por otra parte resalta que “en algunos países los representantes de la Iglesia se implican en los debates sobre los derechos de los homosexuales y a menudo se movilizan y luchan contra el acceso a estos derechos”.
También desde el informe se exige a los Estados miembros que se aseguren que los programas escolares incluyan las cuestiones de orientación sexual donde el colectivo aparezca representado con respeto y dignidad, que se protejan a los alumnos contra episodios de acoso e intimidación y se proporcione a los jóvenes de diversas identidades sexuales la información necesaria para que no se sientan discriminados.
Esta grave situación que revela debe llamarnos a una profunda reflexión ya que habla a las claras de un recrudecimiento de la discriminación en un continente en donde desde hace años los Estados en todos sus niveles promueven acciones afirmativas a favor de la diversidad sexual y han sancionado legislación que ha ampliado el acceso a la ciudadanía a las personas de orientación sexual e identidad de género diferente a la heterosexual.
Es por eso que debemos tener más claro que nunca que ante la discriminación, que adopta diversas formas y se expresa en diferentes espacios, nuestros Estados deben promover políticas públicas afirmativas que promuevan acciones y programas que aporten a la construcción de una ciudadanía plena para todas y todos.
En este sentido entendemos que una política pública dirigida al colectivo LGBT deben contemplar:
- Promoción de la igualdad y la no discriminación hacia personas de orientación sexual diferente, garantizando el más alto nivel de inclusión por parte del Estado en todos sus niveles.
- Prestación de servicios especializados dirigidos a la población LGBT que contemplen asesorías jurídica y psicológica y promoción de acciones de inclusión educativa y laboral entre otros.
- Difusión de información precisa y clara que permita desmontar mitos y prejuicios en relación a la orientación sexual e identidad de género.
- Producción de conocimiento en relación a la temática para el diseño de políticas vinculadas al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
- Accesibilidad a todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, pero especialmente a aquellas de menores recursos, a los servicios de salud, culturales, deportivos, educativos y recreativos.
- Fortalecimiento de las organizaciones que trabajan la temática específica y articulación entre la sociedad civil y el Estado.
Es claro que sólo a través de la estrategia de la política pública podremos modificar una historia de vulneración y negación de derechos hacia el colectivo LGBT que en nuestros días no podemos seguir consintiendo.
Y es claro también que es el Estado quien tiene la responsabilidad indelegable de promover y garantizar la protección legal de las familias de la diversidad, reconocer el derecho a la identidad de las personas trans, incorporar una perspectiva LGBT para el acceso y permanencia de todas y todos en los servicios sanitarios y consagrar el derecho constitucional a un trabajo digno.
Sólo así podremos construir una sociedad donde quepamos todas y todos.
Enfoque Diferencia y de Inclusión en el Plan de Desarrollo Departamental y Municipal para las Política Pública de la comunidad LGBTI en el Derecho de Igualdad y la No Discriminación en Barrancabermeja 2012 – 2015
http://www.agmagazine.info/2009/04/01/frente-a-la-discriminacion-politicas-publicas-lgbt/
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